Ricardo Echegaray busca acelerar los tiempos de la Auditoría General de la Nación, pero en el Gobierno no quieren saber nada con tenerlo encima: el diputado Pablo Tonelli anunció que impulsará su remoción si no restringe su trabajo a las cuentas de los años anteriores. 

El anuncio del ex AFIP parece simple: propone que además de auditar las cuentas públicas de otros lustros, se empiece a supervisar las de todos los días. O sea, las del Gobierno de Mauricio Macri, algo que tarde o temprano ocurrirá.

Pero el PRO prefiere esperar todo lo posible, temerosos de que Echegaray encuentre cosas complicadas antes de lo esperado. En definitiva, si la AGN sólo puede controlar ejercicios terminados, a más tardar el año próximo auditará los números Macri.

Los informes luego son tratados por la bicameral mixta revisora de cuentas, que por estos días está por elegir autoridades, pero de ninguna manera tendrá mayoría de Cambiemos. 

“No tiene sentido evaluar números de planes del Gobierno que ya finalizaron. Nos gustaría recomendar sobre la viabilidad de tal o cual programa”, señalaron a LPO desde el organismo.

"Es un disparate”, respondió Tonelli. “El desconocimiento de Echegaray de la ley del organismo que preside es muy grave. No sé si no da para pensar en la remoción de Echegaray, ya lo analizaremos con más detalle", sostuvo.

“Es función de la SIGEN controlar a los organismos del Estado, por lo que habría una superposición de funciones que me parece, honestamente, ilegal", agregó.

Tonelli confió en que la mayoría opositora de AGN frustrará la movida. "Igualmente no creo que lo pueda llevar adelante porque, primero, los integrantes de la AGN le señalaron lo mismo y, segundo, desde el Gobierno no lo vamos a aceptar", celebró.  

El director más belicoso es el radical Alejandro Nieva, quien le dijo a Clarín que además de querer chequear la gestión de Macri, Echegaray excluyó del plan de acción auditorías de año pasado en la Inspección General de Justicia (IGJ), la Casa de la Moneda y Lotería. Todas afectan de cerca a Cristina Kirchner. 

Otra pretensión de Echegaray es hacer un monitoreo de los despidos para evaluar el impacto económico de posibles medidas judiciales pudiera tener un efecto económico mayor que el de haberlos retenido en el Estado. Los auditores radicales no lo permitirán.